Egipto se prepara para unas elecciones presidenciales sin sorpresas en las que el presidente saliente Abdel Fatah al Sisi debe obtener un tercer mandato a pesar del malestar social y la grave crisis económica. Del domingo al martes, los egipcios mayores de 18 años deben escoger entre el exmariscal Sisi, en el poder desde que en 2013 derrocó al presidente islamista electo Mohamed Morsi, y otros tres candidatos poco conocidos para el gran público. Con 106 millones de habitantes, el país más poblado del mundo árabe preparó un dispositivo electoral con 9.400 colegios y 15.000 empleados públicos movilizados durante los tres días de votación. Los resultados se anunciarán el 18 de diciembre, salvo que sea necesaria una segunda vuelta, un escenario poco probable a la vista de que Sisi se alzó en las elecciones de 2014 y 2018 con el 96% de los votos. Aunque algunos observadores esperaban en un primer momento una elección más competida, las dos figuras de oposición que podían plantar cara están en la cárcel o a la espera de juicio.

Pero más allá de la cuestión de los derechos humanos, la prioridad principal de los egipcios es la situación económica, con una inflación del 40%, una devaluación de la moneda del 50% y la desaparición de las subvenciones públicas bajo la presión del Fondo Monetario Internacional.

El FMI espera todavía poder llevar a cabo su evaluación económica trimestral tras un nuevo préstamo a Egipto que, según Bloomberg, es el segundo país del mundo más expuesto al riesgo de quiebra.

Para el centro Arab Reform Initiative, con sede en París, "la victoria garantizada no tiene nada que ver con su popularidad o su actuación económica".

El presidente saliente "ganará porque controla las instituciones del Estado y el muy temido aparato de seguridad, además de haber eliminado a cualquier competidor serio", dice esta organización.

Ezat Ibrahim, miembro del consejo de los derechos humanos --un órgano independiente cuyos miembros son nombrados por el Parlamento-- desmiente que los comicios estén "ganados de antemano" y asegura a la AFP que este tipo de afirmaciones quieren "promover una mala imagen del Estado".