La polémica en torno a la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) sigue generando repercusiones políticas y jurídicas. Más allá de la cuestionada operación, por US$ 32,5 millones por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Lo que determinó que el directorio del INC postergara por diez días, la obligada reiteración del gasto, condición indispensable para concretar la compra.

De insistir y confirmar la compra, la oposición anunció una ofensiva política y judicial que incluiría: una interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Fratti, fuerte defensor de la operación. La Cámara de Diputados, donde el Frente Amplio no cuenta con mayoría, sería el ámbito ideal para avanzar incluso hacia un eventual pedido de censura al ministro. Según el senador blanco Sebastián Da Silva, la idea es darle un “buen revolcón” político a Fratti.

Denuncia penal contra los responsables

Se le sumaría una denuncia penal contra los responsables de la compra. Esta vía ha sido promovida desde el Partido Colorado, especialmente por el senador Pedro Bordaberry, quien ha denunciado públicamente que el oficialismo logró aprobar la compra al designar a dos colonos como directores, lo que les permitió conseguir una mayoría simple de tres votos en el directorio.

También, existe una posibilidad constitucional más compleja: si se insiste en el gasto y el TCR mantiene sus observaciones, debe notificar a la Asamblea General. Sin embargo, este mecanismo nunca ha sido utilizado en la práctica, a pesar de que el TCR ha emitido 466 observaciones desde el inicio de la actual legislatura, ninguna de las cuales ha sido tratada por el Parlamento.

Si se desiste la compra se deberá pagar multa de U$S 3,2 millones

Si el INC decidiera dar marcha atrás con la compra, se expondría al pago de una multa de US$ 3,2 millones, equivalente al 10% del valor del contrato. Persiste además la duda sobre la fecha de vencimiento de la opción de compra: algunos creen que vence este lunes 30 de junio, mientras que otros sostienen que hay plazo hasta fines de agosto. En suma, el futuro de esta operación está en vilo, con altos riesgos legales, políticos y económicos.