El sistema legal de nuestro país, está compuesto por diferentes actores que desempeñan roles fundamentales para garantizar la justicia y el cumplimiento de la ley. Actores claves, son los jueces y los fiscales, aunque ambos desempeñan un papel crucial en el sistema judicial, con importantes diferencias en sus funciones.  Un juez es un funcionario encargado de administrar justicia y tomar decisiones imparciales basadas en la ley. Su principal responsabilidad es interpretar y aplicar la ley en los casos que se presentan ante ellos. Son designados o elegidos en función del sistema legal  y deben ser imparciales y objetivos en el ejercicio de sus funciones. 

Un fiscal, es un abogado que representa al Estado en los procesos judiciales. Su función es acusar y llevar adelante la investigación de los delitos, presentando pruebas y argumentos en los juicios penales. Son responsables de asegurarse de que se haga justicia y de proteger los intereses del Estado y de la sociedad en general.

Tradicionalmente, tanto de los jueces como de los fiscales, no se hablaba y excepcionalmente aparecían en los medios de comunicación. Su labor era notoriamente reservada. En los últimos tiempos, son noticias y conceden entrevistas haciendo públicas detalles de su trabajo. A ello, se suman lo inaceptable de las  filtraciones parciales de  grabaciones, celulares, que están bajo su custodia como parte de casos que investigan como se han dado. Todo con un claro fin político-partidario. Porque como bien lo definió el presidente de la República, ”Hay causas que van a 180 kilómetros por hora y otras o no van o están quietas… “

Uno de los casos mas resonantes, planteados en forma publica por el senador Jorge Gandini, apuntan al fiscal Ricardo Lakner, justamente a cargo de los casos de fuga del narco Rocco Morabitto, que ya lleva cinco largos años, sin que se haya culminado o conocido algún avance. Tampoco, este mismo fiscal, avanzó en cuatro años, en la denuncia contra el ex secretario general del Ministerio del Interior, hoy senador Charles Carrera, en el caso del uso inapropiado del Hospital Policial, con un obrero cuadraplejico, tras ser alcanzado por una bala perdida supuestamente policial. Por tres años,  además, se le asistió con una canasta de $20.000 mensuales, y se le brindó asistencia especial de recuperación, todo con un grado falso de funcionario policial. A lo señalado se sumo, que permitió, justificó, asistencia en especializaciones e incluyó intervenciones quirúrgicas para su ex esposa, la esposa y actual diputada, del extinto Ministro Bonomi y de otras jerarquías de Ministerio del Interior, en cargos políticos. Todo lo que generó un gasto de cientos de miles de pesos, que en definitiva pagaron los funcionarios policiales que con aportes mensuales financian el funcionamiento del nosocomio.

Todo lo señalado, es de una irregularidad y omisión total, injustificable a esta altura de los acontecimientos, si le sumamos también, la falta de avances en las investigación de quienes permitieron y trasladaron al narco mexicano  Gerardo  Gonzalez Valencia, del centro de reclusión  donde estaba internado a Cárcel Central, para reunirse con Morabitto, alrededor de 10 veces. Todo en el marco de privilegios y actividades que no están previstos para ningún delincuente, pero que estos narcos disfrutaron, hasta la fuga caminando... 

Otro actor con antecedentes insólitos, el Juez Alejandro Recarey tomó protagonismo ayer nuevamente al ordenar a OSE "no innovar" y que "no suscriba" el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, que se iba a encargar de la obra en Arazatí, para realizar el proyecto Neptuno. De esta forma, suspende de momento, la obra para una nueva planta potabilizadora, destinada a asegurar el normal abastecimiento de agua potable a Montevideo y toda la región metropolitana. Una necesidad que desnudó la gran sequía del pasado verano. Proyecto que  el último gobierno del FA dejo de lado para priorizar la costosa obra del Antel Arena, atendiendo la visión de Carolina Cosse…

La ya cuestionada decisión sostiene que “podría estar  vulnerándose las normas atinentes a la Política Nacional de Aguas". Es de orden, recordar que Recarey tiene su historia, cuando por sí y ante si, dispuso suspender en plena pandemia, la vacunación de niños menores de 13 años, lo que cuestionado por el MSP rápidamente se levantó y la Suprema Corte de Justicia terminó sancionando al magistrado. Todo lo que habla de que los nombrados, no actúan como sería deseable y que generan dudas no solo sobre su idoneidad profesional, sino sobre la ética e independencia que esos cargos exigen. Los casos y los actos así lo dejan en claro.-