La verdad que con más de catorce mil personas privadas de libertad, y unos cuantos cientos con penas alternativas en la casa, de los que deben ir a firmar a la comisaría, o avisar si salen donde se contempla la menor gravedad del delito o las condiciones físicas y sanitarias de la persona que infringió la ley, cuesta creer o cuesta entender donde está el límte de esto.

Porque se puede decir que se ha avanzado, hay más penas, los procesos abreviados generan condena, las cárceles se llenan pero el delito no se detiene, es más, venimos de un mes de mayo récord de crímenes, sobre todo en la zona metropolitana donde Rivera y toda su problemática  fronteriza aportan también.

Durante muchos años a la administración frentista se la cuestionó, no sin razón, por los resultados en seguridad que asolaban a la población; ahora pasa a la inversa, la actual oposición cuestiona con fuerza todo lo que hace el gobierno de la colación marcando errores y mostrando que la hoja de ruta no es la mejor.

En todos los casos, antes y ahora, en su momento Bonomi y ahora Heber, lo que buscaban es sobre todo mejorar la seguridad que si lo hacen es la consagración suya, del modelo y del partido que representa. Nadie hace las cosas mal de gusto, al contrario, no le podrán salir por impericia o falta de conocimiento de la realidad, pero estos y los anteriores administradores saben que si reducen y mucho los índices de delito sacan una enorme tajada política.

Pero el problema no es de ganar aplausos que luego se traduzcan en votos, sino de encontrar caminos que ayuden a mejorar esto que nos afecta a todos.

Gente vinculada al derecho penal y la criminología nos ha dicho que la verdadera política criminal comienza en el legislador, en el que levanta las manos para armar las leyes penales, por lo que es en un ámbito eminentemente político donde se definen cosas tan importantes como las penas. Por ejemplo, lo nuevo del femicidio que agrava las penas criminales salen del Poder Legislativo, por lo que es la ciudadanía a través de sus repreresentantes la que le da armas a fiscales y jueces para que luego apliquen lo que entienden correcto. La base del accionar de unos emana de la gran caja de resonancia que tiene la nación que es el recinto de las leyes. No debemos olvidar esto por sencillo y fácil de entender que parezca. El juez juzga sobre la ley que otros hicieron, el fiscal investiga sobre las preerrogativas que la ley le da, nada está suelto o al azar. Al contario, hasta está codificiado.

Por lo que una buena parte de la posterior acción judicial, penal, incluso el accionar de la policía como auxiliar del juez y del fiscal nace en la norma que emite el Poder Ejecutivo. Cuando nos asombramos de lo poco que le dan a un delincuente ante determinada acción de infracción no es el juez, a veces es el pedido del fiscal y la decisión del juez sí, pero basados en los textos que vienen de otro poder del Estado. Por lo que la clase política no puede mirar para otro lado, al contrario, su accionar en las dos cámaras del Poder Legislativo ha sido clave para darle herramientas a los actores que luego las pondrán en práctica. Serán, a la postre, efectivas o no; la realidad, tan porfiada siempre, lo dirá.

También está en el cuerpo legislativo la potestad de modificar normas que ahora pueden parecer obsoletas, o que no se adaptan a la realidad.  Quizás en los necesarios consensos que la ciudadanía pide y necesita estén las herramientas para de a poco ir terminando con el flagelo de la inseguridad que tanto nos ha golpeado. Y sigue golpeando.