La reciente resolución del Tribunal de Cuentas de observar, por cuatro votos contra tres, la renegociación del contrato del Proyecto Neptuno no es un episodio menor ni una formalidad burocrática. Es un llamado de atención institucional que el sistema político parece empeñado en relativizar cada vez que resulta incómodo.

La modificación contractual impulsada por el gobierno de Yamandú Orsi alteró de manera sustancial el diseño original firmado al final de la administración de Luis Lacalle Pou. No se trata de ajustes marginales: se cambian criterios, prioridades y alcances de una obra estratégica para el abastecimiento de agua al área metropolitana. En ese contexto, los ministros que votaron la observación sostienen un argumento de peso: si el contrato hubiera contemplado desde el inicio las nuevas condiciones, otros oferentes podrían haberse presentado o las ofertas habrían sido diferentes. Es decir, no solo se discute la conveniencia técnica, sino la transparencia y la equidad del proceso.

Los críticos del rediseño advierten, además, que se abandonó una alternativa que diversificaba riesgos. Volver a concentrar el abastecimiento en el Río Santa Lucía implica insistir en una fuente que ya demostró su vulnerabilidad durante la sequía de hace tres años, cuando el país enfrentó una crisis hídrica sin precedentes. A eso se suma la proyectada represa de Casupá, que implicaría la formación de un lago artificial con fuerte impacto sobre hectáreas productivas y la afectación de monte nativo con especies protegidas. No es un detalle ambiental menor ni un costo social insignificante.

Resulta llamativo, además, que se descarte la experiencia del departamento de Colonia, donde el abastecimiento proviene del Río de la Plata sin que se hayan registrado problemas significativos. Si el debate es la seguridad hídrica, parece razonable analizar todas las opciones con rigor y sin prejuicios ideológicos.

Desde OSE, su presidente Pablo Ferreri sostiene que la prioridad estratégica es garantizar el suministro para el área metropolitana. Nadie discute ese objetivo. Lo que está en discusión es el camino elegido y, sobre todo, el respeto por los mecanismos de control.

Porque el punto central no es únicamente técnico ni ambiental. Es institucional. La Constitución prevé que el Tribunal de Cuentas ejerza el contralor previo del gasto público. No como un ornamento, sino como una garantía. Sin embargo, una y otra vez — con gobiernos de distintos signos— sus observaciones son sorteadas mediante la reiteración del gasto. Legal, sí. Saludable para la calidad republicana, no tanto.

Cuando la excepción se convierte en práctica habitual, el mensaje es devastador: el órgano de contralor existe, pero no decide; observa, pero no condiciona; advierte, pero no frena. ¿Para qué, entonces, sostener una estructura constitucional de control si cada vez que molesta se la desactiva políticamente?

El riesgo no es solo financiero. Es democrático. La fortaleza institucional de Uruguay se ha construido sobre la base del equilibrio entre poder y control. Si el poder político —sea cual sea su color— comienza a naturalizar que puede avanzar ignorando advertencias formales, el deterioro es gradual pero profundo.

El Proyecto Neptuno puede ser necesario o puede estar equivocado. Eso debe discutirse con argumentos. Pero lo que no puede relativizarse es el rol del Tribunal de Cuentas. Cuando el control estorba y se lo trata como un trámite incómodo, no se debilita solo a un organismo: se debilita el principio mismo de responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Y sin responsabilidad efectiva, la República se convierte en una formalidad vacía.