La Junta Departamental de Salto atraviesa un momento clave. El presupuesto quinquenal ya está en estudio y marcará el rumbo del departamento durante los próximos cinco años. No se trata solo de una lista de números. Es la herramienta que fija prioridades, orienta políticas públicas y determina cómo se administrarán los recursos de todos los salteños.

Para conocer en qué etapa se encuentra el análisis, dialogamos con el Dr. Cristian Suárez, edil del Partido Nacional e integrante de la Coalición Republicana, quien preside la Comisión de Legislación e integra la comisión que estudia el presupuesto. Según explicó, actualmente el trabajo es intenso y sostenido. La comisión se reúne tres veces por semana. Los lunes se organizan las invitaciones a jerarcas y directores del Ejecutivo. Los miércoles y viernes se reciben a las autoridades para evacuar dudas y profundizar en cada área. Ya pasaron por la Junta el secretario general, el director de Hacienda Nicolás Yrigoyen, representantes de Desarrollo Social, Vivienda y también el sindicato de funcionarios municipales. La idea es escuchar todas las voces antes de avanzar en posibles modificaciones.

Ajustes legales y artículos más claros

Desde el punto de vista legal, uno de los principales desafíos es revisar la redacción de los artículos. Suárez señaló que hay puntos que necesitan mayor claridad para evitar interpretaciones confusas o demasiado amplias. Un ejemplo es el de la cartera de tierras. Si bien el presupuesto prevé su creación, se analiza profundizar cómo se implementará y de dónde surgirán los fondos. En este tema, indicó que existen coincidencias con ediles del Frente Amplio para mejorar la redacción y dejar el texto más preciso.“La intención es que el articulado sea prolijo y claro, que no deje dudas sobre su espíritu”, sostuvo. El objetivo es prevenir problemas futuros y garantizar que la aplicación del presupuesto sea transparente.

Facilidades para regularizar y reducir la informalidad

Otro punto destacado es la inclusión de facilidades de pago para contribuyentes. El presupuesto prevé herramientas para que propietarios de inmuebles y vehículos puedan ponerse al día con la Intendencia mediante convenios accesibles.

El espíritu de estas medidas es reducir la informalidad y facilitar la regularización, brindando oportunidades a quienes hoy tienen deudas. Según Suárez, no se trata de castigar, sino de ordenar y dar opciones para cumplir.

En cuanto a los funcionarios, aseguró que no se eliminan derechos laborales. Por el contrario, explicó que se incrementan compensaciones vinculadas al rendimiento y la función que cada trabajador desempeña. La intención, afirmó, es reconocer el trabajo y mejorar la eficiencia interna.

La reunión con ADEOMS y el clima del debate

Uno de los encuentros más esperados fue el mantenido con ADEOMS, el sindicato de los funcionarios municipales. Según relató Suárez, la reunión fue extensa y se abordaron distintos temas vinculados al funcionariado y la estructura administrativa.

Sin embargo, reconoció que no fue todo lo productiva que se esperaba. Señaló que el sindicato planteó inquietudes generales, pero no presentó propuestas concretas de modificación al texto presupuestal. Desde la comisión, explicó, aguardaban artículos específicos a cambiar o sugerencias claras para poder analizarlas en detalle.

“Se escucharon planteos, pero no hubo una propuesta puntual sobre qué modificar”, expresó. Agregó que se solicitó que las inquietudes se presenten por escrito para poder trabajarlas en comisión.

También describió el clima como firme y por momentos confrontativo. A su entender, surgieron temas que ya habían sido discutidos en otras instancias y que desviaron el eje central del análisis. De todos modos, afirmó que el diálogo continúa abierto y que todavía hay tiempo para recibir aportes formales del sindicato.

Previsiones, fondos y respaldo político

En cuanto a la recaudación prevista, Suárez explicó que todo presupuesto se basa en estimaciones. Existen fondos de emergencia para afrontar situaciones imprevistas, como fenómenos climáticos o contingencias extraordinarias. Además, el Tribunal de Cuentas supervisa la legalidad y la viabilidad financiera del proyecto.

El edil destacó que el presupuesto tiene una fuerte apuesta en el área social, con recursos destinados a vivienda, apoyo a comisiones vecinales y atención en casos de emergencia. También subrayó que se mantienen derechos laborales y se fortalecen incentivos para el funcionariado.

Desde el punto de vista político, señaló que existe un clima de diálogo en la comisión. Si bien hay voces críticas, observa disposición para acompañar el proyecto con mejoras en la redacción y ajustes puntuales.

Votación en el horizonte

El presupuesto ingresó en enero y la Junta tiene cuatro meses para tratarlo. Si se cumplen los plazos legales, podría votarse en mayo. No se descarta que el trámite se agilice si el consenso se mantiene y las modificaciones son acordadas con rapidez.

El debate continúa en un momento decisivo para Salto. Lo que está en juego no es solo un documento técnico, sino la planificación del departamento para los próximos cinco años. Obras, programas sociales, estructura administrativa y prioridades de gestión quedarán definidas en este presupuesto que hoy se analiza artículo por artículo en la Junta Departamental.