En mayo de 2025 ingresó formalmente a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) una denuncia en la que se solicita la recepción y trámite por presuntas irregularidades administrativas, abuso de funciones y violación a la probidad administrativa en el Hospital Regional de Salto. La presentación no fue anónima ni informal. Fue realizada por un funcionario público, quien invocó su obligación legal de denunciar posibles irregularidades cuando toma conocimiento de hechos que podrían afectar la correcta administración del Estado. La normativa vigente establece que todo servidor público debe actuar cuando advierte situaciones que podrían apartarse de la legalidad o de los principios de transparencia. La denuncia no surgió de un hecho aislado. Se analizaron documentos oficiales, planillas de trabajo, normativa vigente y registros de asistencia. A partir de ese trabajo se elaboró un escrito detallado, acompañado de documentación, que hoy se encuentra a estudio del organismo competente.

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