Hay historias que por más viejas y lejanas que parezcan, siguen diciendo algo sobre quiénes somos hoy. Una de estas es el famoso homicidio de “La Ternera”, un hecho ocurrido en Treinta y Tres hace casi 100 años, en 1929, que terminó marcando el rumbo de la Justicia uruguaya. Ese caso fue el último de los juicios por jurado en nuestro país.

Para quienes no lo conozcan, el hecho fue muy comentado en la época. Jacinta Correa de Saravia, una mujer joven, fue asesinada en la estancia “La Ternera”. Dos peones confesaron haber cometido el crimen por encargo del propio marido de la víctima, el propietario de la estancia. Parecía un caso cerrado. Pero lo que vino después fue una de esas tramas de película que mezclan poder, prejuicios, presiones, sospechas, arreglos, y una Justicia muy criticada.

En aquel entonces, los delitos graves se juzgaban con jurado, bien como en las películas norteamericanas. Ciudadanos comunes, elegidos para integrar un tribunal que debía resolver sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Un mecanismo que buscaba acercar la Justicia a la gente, democratizarla, darle un contrapeso republicano.

Pero el jurado de La Ternera decidió absolver al acusado. Contra el sentido común, contra las pruebas y contra las confesiones. Lo que terminó pasando fue que la sociedad entera se sacudió. ¿Cómo era posible que un crimen tan claro terminara así? ¿Qué falló? ¿La influencia social? ¿La presión local? Nunca se supo.

Ese veredicto desató un terremoto político y jurídico. La confianza en el jurado se desplomó. Y en 1938, menos de una década después, Uruguay derogó por ley los juicios por jurado. Desde entonces, no volvimos a experimentar con ese modelo de justicia ciudadana.

Ahora bien, ¿por qué hablar hoy de un caso de hace casi cien años? Porque la discusión de fondo sigue vigente: ¿cómo logramos un sistema de justicia que ordene, proteja, castigue, y al mismo tiempo, respete las libertades y garantías de todos?

Entiendo que la respuesta nunca va a ser concentrar más poder sin controles, ni caer en falsas soluciones mágicas. Los problemas complejos tienen soluciones complejas. La Justicia funciona en base a muchos engranajes: policías, fiscales, defensores, jueces, funcionarios, peritos, recursos humanos y materiales y, por supuesto, ciudadanos que confíen en el proceso. Si uno de esos engranajes se tranca, el resultado se opaca.

El caso de La Ternera nos recuerda que no hay sistema perfecto. Ni antes ni ahora, pero también muestra algo más profundo: cuando la justicia pierde legitimidad, pierde la eficacia. Sin legitimidad no hay cooperación, no hay testigos que aporten ni tampoco hay incentivos en denunciar. Y sin eso, ningún juez ni fiscal, por más crack que sea, puede contra la realidad.

Hoy estamos ante desafíos distintos, pero no menos urgentes. Tenemos casi 16.000 personas privadas de libertad, un sistema carcelario saturado y homicidios horribles que lastiman la cohesión social. Para encarar esto no alcanza con un solo enfoque. En estas columnas lo han leído varias veces: la seguridad se construye con cuatro ejes que deben trabajar juntos: PREVENCIÓN, REPRESIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN, y si uno se cae, se cae todo.

El crimen de La Ternera es una vieja enseñanza: cuando un sistema no genera confianza, termina desbordado. No porque falte autoridad, sino porque falta credibilidad. Y la credibilidad, en materia de justicia, vale más que cualquier reforma espectacular y rimbombante.
Creo que por eso conviene volver cada tanto sobre estos casos históricos. No para romantizar tiempos que tampoco fueron mejores, sino para acordarnos que las instituciones no se fortalecen solas. Y que cuando un país pierde la confianza tan abruptamente en el sistema, cuesta mucho volver a recuperarla.