El ex ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, enfrentará desde este martes un juicio cerrado por cargos de espionaje y corrupción, en uno de los procesos más opacos y emblemáticos que afronta la cúpula del poder comunista en los últimos años. El Tribunal Supremo Popular anunció que solo las partes y personas previamente autorizadas tendrán acceso a la vista oral, bajo el argumento de “razones de seguridad nacional”.

La decisión, habitual en el sistema judicial cubano, restringe por completo la fiscalización ciudadana y mediática, como parte del férreo control del régimen sobre la información y la justicia. Gil, figura decisiva en las reformas económicas y hombre de confianza del dictador cubano Miguel Díaz-Canel, desapareció de la vida pública tras su destitución en febrero de 2024. Su caída fue atribuida inicialmente a “graves errores” en la gestión, sin mayores explicaciones.

Recién un año y siete meses después, la Fiscalía cubana informó de una suma de once cargos contra el ex funcionario, entre ellos espionaje, malversación, tráfico de influencias y lavado de activos.

El proceso legal se mantuvo oculto hasta la última etapa, privando a la población cubana de información sobre el caso y sobre el destino de quien fuera uno de los hombres más poderosos del régimen.

La dictadura cubana asegura que se sigue el debido proceso, aunque la justicia es reconocida por su falta de independencia, subordinada al Partido Comunista y sin instancias de apelación autónoma.