En el programa conducido por Pedro Rodríguez, dialogamos con el Dr. Roque Basualdo, abogado penalista, para profundizar en temas que generan preocupación social: el funcionamiento de las cárceles, la reincidencia delictiva, los acuerdos abreviados y las desigualdades que se observan en la aplicación de la justicia penal en Uruguay. Desde el inicio, Basualdo fue claro en su diagnóstico: pese a los discursos oficiales, el sistema penitenciario sigue siendo principalmente represivo y no logra cumplir de forma efectiva con el objetivo de rehabilitar.

Un sistema que no logra reinsertar

El abogado explicó que, si bien existen programas de estudio y trabajo dentro de las cárceles, la realidad demuestra que la mayoría de las personas privadas de libertad no se rehabilitan. “De cada diez que salen, uno o dos logran reinsertarse realmente. El resto vuelve a delinquir”, señaló. Para Basualdo, el problema no está solo en la sanción penal, sino en la ausencia de políticas reales y sostenidas de reinserción social, una deuda que se arrastra desde hace años y atraviesa a todos los gobiernos.

Drogas y delito: un camino casi inevitable

Otro punto central fue el consumo de estupefacientes, especialmente entre jóvenes. “El consumo destruye el rumbo de vida. Cuando una persona cae en la droga, queda prácticamente a un paso de la cárcel”, afirmó. Basualdo sostuvo que esta realidad se observa en muchos barrios del país y que no se trata solo de un problema policial, sino de un fenómeno social que requiere prevención, educación y contención, no únicamente castigo.

Acuerdos abreviados: rapidez que puede costar justicia

Consultado sobre los acuerdos abreviados, el penalista explicó que son una herramienta válida cuando se utilizan con responsabilidad. Si existen pruebas contundentes —como una filmación clara— pueden beneficiar al imputado al reducir la pena. Sin embargo, advirtió que no todos los casos deben resolverse de esta manera. “Si no hay pruebas firmes ni indicios claros, el defensor tiene que ir a juicio y sostener el principio de inocencia”, remarcó.

Policía y abogados: una relación que genera sospechas

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista fue cuando se abordó una inquietud frecuente en la sociedad: la posible cercanía entre algunos abogados penalistas y la Policía en situaciones de detención en flagrancia. La pregunta fue directa: ¿qué ocurre cuando el mismo funcionario policial que realiza la detención recomienda o contacta a un abogado y, pocas horas después, el caso termina en un acuerdo abreviado?

La elección de abogado

Basualdo fue contundente: la persona detenida debe elegir libremente a su abogado, sin sugerencias ni presiones. Esa libertad es una garantía básica del derecho de defensa. Explicó que muchas detenciones ocurren de forma sorpresiva. La persona queda en estado de shock, sin un abogado de confianza y sin conocer el sistema. En ese contexto, aceptar al primer abogado que aparece puede parecer una salida rápida, pero no siempre es la más justa.

Conflictos de intereses

Cuando el defensor aparece vinculado desde el inicio mismo de la detención, puede generarse un conflicto de intereses, especialmente si la defensa se orienta automáticamente hacia un acuerdo, sin analizar en profundidad las pruebas. “El abogado tiene la obligación de explicar todo: qué pruebas hay, cuáles no, qué riesgos implica ir a juicio y qué significa firmar un acuerdo”, señaló. Sin esa información clara, la decisión del imputado deja de ser verdaderamente libre.

Una justicia más dura con el pobre

El Dr. Basualdo también se refirió a una percepción extendida: la justicia penal no trata igual a todos. “Las mayores desigualdades sociales se ven en el derecho penal”, afirmó. Puso como ejemplo situaciones donde delitos menores cometidos por personas humildes reciben penas severas, mientras que delitos económicos pueden resolverse mediante acuerdos reparatorios.

Acuerdos reparatorios y desigualdad

El abogado cuestionó que delitos como la estafa permitan devolver el dinero y cerrar la causa, mientras que delitos como la rapiña no ofrecen esa posibilidad. “El que tiene recursos puede negociar. El que no, va preso”, resumió, marcando una diferencia que, a su entender, profundiza la injusticia social.

Muchas sentencias, pocos juicios

Con el nuevo Código del Proceso Penal, la mayoría de los casos se resuelven mediante acuerdos abreviados. “Hoy casi no hay juicios. Hay sentencias rápidas, pero no siempre justas”, concluyó.

Un debate que sigue abierto

La entrevista dejó en evidencia que el sistema penal uruguayo necesita una revisión profunda, con más prevención, más equidad y políticas reales de reinserción. Como señaló el Dr. Roque Basualdo, “el derecho penal muestra, sin maquillaje, las desigualdades de nuestra sociedad”.