Como es de público conocimiento, en los últimos días, una resolución del Intendente de Salto ha generado repercusión dentro del ámbito municipal, al conminar a determinados dirigentes de ADEOMS a retornar a sus lugares de trabajo, aduciendo que la licencia sindical que venían invocando no cumplía con la reglamentación vigente y configuraba un abuso. La medida de Albisu y su equipo apunta a la normativa y se fundamenta en la necesidad de hacer cumplir las disposiciones que regulan este tipo de licencias, recordando que no se trata de un permiso ilimitado ni permanente. El Dr. Manuel Ma. Barreiro, ex Intendente y ex director de Gestión Humana de la Intendencia, fue categórico: “La resolución del Intendente no hace más que llamar a cumplir con la reglamentación que rige en estos casos y que, aparentemente, no se tuvo en cuenta en los últimos años”.

La experiencia previa en la gestión

Barreiro recordó cómo se trabajaba en su época al frente de la Dirección de Gestión Humana: “Durante nuestra labor elevamos al Intendente las solicitudes de licencia sindical, aconsejando su otorgamiento en caso de que así lo ameritaran y se encontraran dentro del cupo anual estipulado en su momento. Incluso, si las circunstancias justificaban el aumento transitorio del cupo, así se autorizaba”.

El ex jerarca subrayó que siempre existió un marco claro: las licencias se otorgaban a funcionarios y por días u horarios específicos, de acuerdo con la solicitud presentada. “Nunca se suscitaron problemas en ese sentido y jamás se otorgaron licencias permanentes con ausencia total al trabajo”, aseguró.

Ajuste a derecho y respeto a los fueros

En opinión de Barreiro, la reciente decisión del gobierno departamental “se ajusta a derecho” y devuelve las reglas a su cauce normal. “La resolución vuelve a poner las cosas en su justo lugar, sin afectar en ningún momento los fueros sindicales”, concluyó. Con esta medida, la Intendencia busca reinstalar un criterio estricto de control sobre el uso de licencias sindicales, alineándose con la normativa vigente y evitando interpretaciones que, según la administración, se apartaban de lo establecido.