Profesional de la salud oriunda de Salto, denuncia irregularidades laborales luego de haber trabajado en la Unidad 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en 2022, contratada bajo un régimen de empresa unipersonal. A pesar de cumplir con todas las exigencias administrativas, fue desvinculada tras tres semanas sin una justificación clara y nunca recibió el pago correspondiente. Según relata, su despido se debió a que su hermano se encuentra preso en la misma unidad, una medida que califica de arbitraria e inconsistente con otros casos similares.