El Parlamento comenzará a estudiar la próxima semana, un proyecto que establece que todo funcionario público deberá responder por los perjuicios económicos que genere su actuación. Se trata de legislar sobre un asunto sensible que hace algunos años, ya había sido puesto sobre la mesa por el hoy presidente Luis Lacalle Pou cuando era senador de la República.

El referido proyecto consiste en la facultad del Estado de demandar en lo civil, a un funcionario o un jerarca público, por las acciones que hubiera cometido al frente de un organismo, y que hubiese causado daño a un tercero. En el entendido que el perjudicado en cuestión, puede demandar al Estado, ahora, con este proyecto de ley lo que se pretende es que el Estado pueda a su vez, demandar al funcionario o al jerarca. El proyecto pertenece a las senadoras nacionalistas Carmen Asiain y Graciela Bianchi, que consagra el derecho del Estado a demandar el funcionario público o jerarca que causó perjuicios a terceros, y que, fruto de ese daño, el Estado debe afrontar la responsabilidad de una reparación económica. En la jerga jurídica, se considera que el reclamo estatal hacia el funcionario o jerarca, es una acción denominada “de regreso o repetición”.