La estafa contra el Fondo Social de Vivienda de los Obreros de la Construcción (Fosvoc), gestionado por el SUNCA, destapó una trama de corrupción que ya se cobró sus primeras consecuencias judiciales: tres personas fueron condenadas y el Ministerio Público continúa investigando. Aunque desde la dirigencia sindical y el Partido Comunista del Uruguay (PCU) niegan cualquier implicancia institucional, los detalles revelados por la fiscal del caso, Mirta Gómez, dejan en evidencia un esquema complejo de desvío de fondos públicos que golpea directamente la credibilidad de uno de los pilares del movimiento sindical uruguayo.

Como se ejecuto la maniobra delictiva

La maniobra delictiva se habría ejecutado por al menos tres vías distintas, según explicó Gómez en audiencia. La primera fue mediante 193 transferencias bancarias irregulares, realizadas por una funcionaria encargada de ejecutar pagos, quien aprovechó su acceso irrestricto a las cuentas del eBROU del fondo. La cifra del desfalco es significativa: $35.627.581 y US$ 17.500 desviados hacia 15 personas, entre ellas los tres individuos ya condenados.

La clave para detectar el fraude fue una sustitución temporal en el cargo. Cuando la funcionaria se ausentó por vacaciones, su reemplazo notó movimientos irregulares. A partir de allí, comenzó a deshilacharse la trama, que involucra no solo transferencias bancarias, sino también el uso fraudulento de beneficios sociales dirigidos a trabajadores en situaciones de emergencia.

La segunda modalidad delictiva fue a través de las denominadas “partidas especiales”, pensadas para trabajadores que sufrieron incendios, enfermedades graves o emergencias similares. En 2023, se presentaron 43 solicitudes de este tipo, pero según la fiscalía, 40 de esos beneficiarios no existían, ni en registros del SUNCA ni del sistema nacional. Esas solicitudes fueron firmadas por los ahora condenados Bertolio y Santiago Bernaola, y tenían una característica común: todas alegaban enfermedades graves como cáncer o necesidad de trasplantes, probablemente para hacerlas más difíciles de cuestionar.

La tercera vía de la estafa fue la manipulación de las llamadas “partidas espejo”, fondos que el Fosvoc destinaba a organizaciones sociales, aprobados en conjunto por delegados sindicales y empresariales. Aquí se descubrió una operación especialmente llamativa: una cooperativa educativa apareció como beneficiaria de varios cheques, incluyendo uno por US$ 25.000, con el que se compró una camioneta. Sin embargo, el vehículo costaba poco más de US$ 20.000 y el excedente fue “devuelto” en efectivo a una cuenta personal de Bertolio, según declaró el propio vendedor.

Las reacciones políticas y sindicales 

Ante la gravedad de las revelaciones, las reacciones políticas y sindicales no se hicieron esperar. Desde el PCU y el SUNCA se ha rechazado de plano cualquier vínculo con la estafa. La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, fue una de las primeras en pronunciarse. A través de la red social X, pidió “no caer en condenas anticipadas” y reivindicó el principio de presunción de inocencia, en referencia a las sospechas que circulan sobre vínculos con el Partido Comunista.

El senador Óscar Andrade, referente histórico del SUNCA y del PCU, fue aún más enfático: calificó las acusaciones como “absurdas” y advirtió que, si los condenados lo implicaron falsamente, demandará por daños y perjuicios. Dijo no tener “medio gramo de vínculo” con los hechos, y aseguró que, de ser citado por la fiscalía, acudirá “encantado”.

En la misma línea se expresó Richard Ferreira, actual presidente del SUNCA, quien defendió la transparencia financiera del sindicato. Dijo que el SUNCA cuenta con auditorías internas y externas, y que no hay desvíos hacia la estructura sindical ni hacia partidos políticos.

Un gran daño se ha hecho

Sin embargo, el daño institucional ya está hecho. El Fondo de Vivienda, una herramienta emblemática para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la construcción, ha sido vulnerado desde adentro, y la confianza en su manejo ha quedado severamente comprometida. Mientras la Justicia continúa sus investigaciones, el movimiento sindical enfrenta un desafío enorme: recuperar la credibilidad frente a sus afiliados y a una opinión pública que mira con escepticismo.