La investigación sobre irregularidades en la emisión de permisos para la tenencia y porte de armas en Salto ha tomado un giro significativo, según informes extraoficiales de LA PRENSA. La fiscalía, bajo la dirección del Dr. Augusto Martinicorena, ha estado tomando declaraciones a ex funcionarios de la oficina de Thata, donde se realizaban estos trámites de manera presuntamente irregular. En las últimas horas, se han producido detenciones, incluyendo a dos funcionarios policiales que habían sido separados de sus cargos durante el proceso investigativo.

La pesquisa se originó a partir de denuncias ciudadanas que indicaban que el proceso para obtener el Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas (Thata) estaba siendo manipulado. Según las denuncias, los solicitantes debían realizar un test psicológico en un domicilio particular, donde una funcionaria policial no acreditada cobraba diversas sumas de dinero por este servicio. Esta funcionaria, aunque presentaba estudios avanzados en psicología, no contaba con la titulación oficial necesaria para llevar a cabo tales evaluaciones.

Detalles de las Detenciones

Los detenidos pasaron la noche en la Seccional 3era. de Policía y fueron trasladados engrillados a la Fiscalía alrededor del mediodía de hoy. Según nuestras fuentes, se vivieron momentos de mucha tensión a su llegada a la sede. Las detenciones se produjeron tras obtener testimonios que apuntan a una serie de irregularidades en el proceso administrativo que habilitaba a los ciudadanos a portar armas.

Oficialmente podemos informar que el Fiscal Dr. Augusto Martinicorena solicitó al Juez Penal de 4to Turno, Dr. Paulo Aguirre, una audiencia de corte de plazo, lo que confirma nuestra noticia. Aunque intentamos hablar con el fiscal que está al frente de la investigación, hasta ahora no ha sido posible, seguramente debido a su dedicación a este caso sensible, del cual la ciudadanía espera respuestas.

La situación es grave, ya que si se confirma  la falsificación de documentos y otras irregularidades, más de 250 personas podrían perder su habilitación para portar armas, dado que nunca fueron evaluadas por un profesional certificado. La fiscalía parece decidida a concluir esta investigación antes del inicio de la Feria Judicial programada para el 24 de diciembre, lo que indicaría una voluntad clara de resolver el caso.

LA PRENSA continuará informando sobre este asunto, como lo viene haciendo desde el 2022 en una investigación periodísta sin precedentes en Salto. La intención clara de la fiscalía es avanzar con las actuaciones pertinentes, lo que podría llevar a un cambio significativo en cómo se gestionan los permisos para la tenencia de armas en el país. Este escándalo pone en evidencia las fallas en el sistema administrativo dentro de la Jefatura de Policía de Salto, en esta área específica.