La Fiscalía Departamental de Rivera de 3° turno logró la formalización de la investigación contra tres personas, tras un procedimiento realizado el pasado 16 de enero en una vivienda de la ciudad, la cual era utilizada como presunto punto de venta de drogas. Durante el operativo, las autoridades incautaron sustancias estupefacientes que se encontraban enterradas en un terreno contiguo, además de marihuana, dinero en efectivo y otros objetos vinculados a la actividad delictiva. El procedimiento fue el resultado de una investigación previa que permitió identificar el lugar como un punto activo de comercialización de drogas.

OCUPACIÓN FORZADA Y AMENAZAS AL PROPIETARIO

De acuerdo a la investigación preliminar, los imputados habrían ocupado la vivienda mediante amenazas y hechos de violencia, obligando a su propietario a permitir que el lugar fuera utilizado para la venta de estupefacientes. Esta situación se habría mantenido durante un período de tiempo, generando temor y sometimiento en la víctima.

SUMINISTRO DE DROGAS A UNA ADOLESCENTE

Otro de los hechos graves que surgieron de la investigación es que los imputados habrían suministrado sustancias estupefacientes a una adolescente menor de edad, quien se encontraba con una salida no acordada del INAU y llevaba aproximadamente una semana viviendo en la finca junto a los detenidos.

BRUTAL AGRESIÓN A UN COMPRADOR

Asimismo, se investiga un episodio de extrema violencia ocurrido en el lugar, cuando una persona concurrió a la vivienda para adquirir drogas. Según la información recabada, la víctima sufrió lesiones gravísimas a raíz de la agresión, debiendo ser sometida a una cirugía de urgencia para salvar su vida.

DELITOS IMPUTADOS Y PRISIÓN PREVENTIVA

Por estos hechos, el pasado sábado 17 de enero la Fiscalía imputó a las tres personas detenidas por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos negociación de sustancia estupefaciente prohibida agravada, suministro de drogas a menores de veintiún años y utilización de un hogar como punto de venta. Además, se les imputó un delito de violencia privada agravada y un delito de lesiones gravísimas, todo en régimen de reiteración real y en calidad de autores. Como medida cautelar, la Justicia dispuso 90 días de prisión preventiva para los tres imputados, mientras continúa la investigación del caso.