Desde hace años, denunciamos que la IDS y ADEOMS están coludidos para el ingreso masivo de militantes del FA a la IDS. El 19 de diciembre de 2019, ADEOMS y la Intendencia firmaron un convenio colectivo para asegurar la estabilidad laboral a 106 designaciones directas, de manera "excepcional". Sin embargo, de forma sarcástica, el sindicato reivindicaba el concurso como único mecanismo transparente de ingreso a la función municipal. Claramente, lo previsto por el convenio fue violado flagrantemente.

Críticas de Enzo Molina al Convenio Colectivo de la Intendencia de Salto

En entrevista con el Diario La Prensa, el edil del Partido Nacional, Enzo Molina, no escatimó en críticas al convenio colectivo firmado entre la Intendencia de Salto y el gremio ADEOMS. Su postura firme refleja una creciente preocupación por las decisiones tomadas en el ámbito político local, que parecen favorecer intereses partidistas en detrimento de la estabilidad laboral y el bienestar de los trabajadores.

Molina recordó que el convenio colectivo anterior, firmado el 19 de diciembre de 2019, establecía la estabilidad laboral para 116 designaciones directas. Este acuerdo surgió en un contexto político complicado, tras la elección de un nuevo gobierno de oposición. Sin embargo, cuestionó las decisiones recientes que han llevado a nuevas designaciones directas y a un ambiente laboral que no respeta los acuerdos previos. A pesar de las promesas de estabilidad y transparencia, se han firmado nuevos convenios que parecen ignorar los derechos adquiridos por los trabajadores. "Estamos viendo cómo se perpetúan prácticas que benefician a un grupo selecto de personas en lugar de priorizar a quienes realmente necesitan un empleo digno", afirmó Molina.

La Mafia en la política local

Molina también fue contundente al referirse a lo que considera una "mafia" en la administración pública. Según él, las decisiones tomadas por la Intendencia no son solo arbitrarias; están diseñadas para mantener el control político a través de la colocación de militantes en puestos clave. "Esto no es solo un problema administrativo; es una cuestión ética y moral. Estamos hablando de un sistema que utiliza recursos públicos para beneficiar a unos pocos mientras ignora las necesidades de la mayoría", declaró.

El edil argumentó que esta red clientelista se ha vuelto una práctica común en la política local, donde los vínculos entre el gobierno y ciertos grupos sindicales han creado un entorno donde las decisiones se toman con base en lealtades políticas más que en méritos o necesidades reales. "Es como si existiera una mafia que opera en las sombras, manipulando el sistema para su propio beneficio", añadió.

Consecuencias para los trabajadores

Las implicaciones de esta situación son serias. Molina enfatizó que muchos trabajadores municipales viven con incertidumbre constante sobre su futuro laboral. "Las designaciones políticas no solo afectan a quienes son directamente beneficiados; también generan un clima de desconfianza y descontento entre aquellos que trabajan arduamente y esperan ser reconocidos por su esfuerzo", explicó.

Además, mencionó casos específicos donde empleados municipales han sido presionados a renunciar o aceptar condiciones laborales desfavorables bajo la amenaza de perder sus empleos. "Esta dinámica crea un ambiente tóxico donde los trabajadores sienten que no tienen voz ni poder para defender sus derechos", afirmó.

Frente a esta situación, Molina hizo un llamado a la ciudadanía y a sus colegas políticos para que tomen conciencia de lo que está ocurriendo en la Intendencia. "Es fundamental que todos nos comprometamos a luchar contra estas prácticas corruptas y exigir transparencia y justicia en la administración pública", instó. También propuso establecer mecanismos más claros y justos para la selección de funcionarios públicos, como concursos abiertos y transparentes, donde se priorice el mérito sobre las conexiones políticas. "La única manera de construir una administración pública eficiente es asegurando que los mejores candidatos ocupen los puestos clave", concluyó.

Enzo Molina ha puesto sobre la mesa un tema delicado pero crucial para el futuro del gobierno local: la necesidad de erradicar prácticas corruptas y clientelistas que atentan contra el bienestar social. Su crítica al reciente convenio colectivo firmado por la Intendencia es solo un síntoma de un problema más profundo: una cultura política que prioriza el interés personal sobre el bien común.