Hay una realidad que ya nadie discute en Salto: la crónica y grave falta de médicos especialistas. Se trata de un problema que no distingue instituciones, pues afecta tanto a los usuarios del Hospital Regional como a quienes están afiliados al Centro Médico de Salto. Miles de salteños, al igual que habitantes de departamentos vecinos, viven a diario las consecuencias de esta carencia que condiciona diagnósticos, retrasa tratamientos y en muchos casos compromete la salud y la vida de los pacientes.

Nadie se sorprende cuando, al solicitar una consulta especializada, la primera fecha disponible es para dentro de dos o tres meses. Esa espera, que se ha naturalizado como parte de la rutina asistencial, se convierte en un calvario para quienes arrastran síntomas, malestares o descompensaciones que requieren atención inmediata. La angustia de no saber qué se tiene, de sospechar que puede tratarse de una enfermedad complicada o incluso maligna, genera un estrés adicional que empeora el cuadro clínico. La mente juega su papel y, cuando la atención médica demora, lo que podría haberse tratado como un mal menor termina agravándose. En enfermedades de rápida evolución, como ciertos tipos de cáncer o patologías cardíacas, el tiempo es literalmente vida. La demora en conseguir consulta, exámenes o la derivación correspondiente puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y un desenlace fatal. No se trata de un detalle menor ni de una exageración: hablamos de muertes evitables, de oportunidades perdidas por la lentitud del sistema.

En Salto, esta situación golpea a más de 120 mil usuarios entre el hospital  —que cubre a unas 80 mil personas— y el sistema mutual privado —con alrededor de 40 mil afiliados—. Ambos servicios comparten las mismas limitaciones: trámites engorrosos y escasez de recursos humanos calificados en especialidades clave.

La raíz del problema no es nueva. Desde hace años, el interior del país, especialmente al norte del Río Negro, sufre un déficit estructural de especialistas. La explicación es tan sencilla como contundente: Montevideo y su zona metropolitana ofrecen mejores salarios, mayor carga de casos clínicos —y por ende más experiencia profesional—, junto con infraestructura más atractiva y rentable. En pocas palabras, el capital humano tiende a concentrarse en donde están las mejores oportunidades.

Salto ha hecho avances en infraestructura y tecnología médica. No faltan ejemplos de inversiones millonarias en equipos y mejoras edilicias. Sin embargo, de poco sirve tener equipamiento de última generación si no se cuenta con el recurso humano especializado para operar, interpretar y, sobre todo, acompañar el proceso clínico del paciente. La brecha entre la capital y el interior no se resuelve únicamente con cemento y aparatos: requiere políticas activas para descentralizar el recurso humano.

Lo más paradójico es que Uruguay, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, se ubica séptimo en el mundo en relación a la cantidad de médicos por habitante. El problema no es la falta de profesionales en el país, sino su distribución profundamente desigual. Mientras en Montevideo se concentra una amplia gama de especialistas, en el norte los ciudadanos deben conformarse con esperas interminables o, en muchos casos, viajar cientos de kilómetros para acceder a un diagnóstico. Esta situación es incomprensible e injusta. El acceso a la salud es un derecho, no un privilegio reservado para quienes viven cerca de la capital. Garantizarlo debería ser prioridad en las políticas asistenciales del gobierno nacional y, en particular, del Ministerio de Salud Pública. La descentralización no puede limitarse a discursos: debe traducirse en incentivos claros para que los médicos especialistas ejerzan en el interior, con condiciones laborales competitivas y programas de retención efectivos. La salud de los salteños y de todos los ciudadanos del norte del país no puede seguir esperando. Cada demora cuesta vidas. Y frente a esa realidad, la indiferencia es inaceptable.