En Cuba, el Gobierno lanzó una ofensiva para regular el incipiente sector privado, y prometió mano dura contra la "corrupción" y la "evasión fiscal”. "No estamos aquí para cerrar (las empresas privadas)", pero "tenemos que reordenar", señaló esta semana el primer ministro Manuel Marrero, al rendir un informe ante una sesión del Parlamento que se extenderá hasta el sábado.

La isla de gobierno comunista está sumida en su peor crisis en 30 años, debilitada por los efectos de la pandemia y por el reforzamiento del embargo de Estados Unidos. Los últimos reportes oficiales muestran una inflación del 30% interanual en junio, un déficit fiscal equivalente al 22% del PIB, un desplome del peso cubano en el mercado informal, bajos niveles productivos, escasez de varios artículos y falta de liquidez.

En 2021, con el objetivo de impulsar la economía, el gobierno autorizó por primera vez en 60 años la operación de empresas privadas en áreas específicas como el turismo, la construcción y el suministro de alimentos. Sin embargo, la irrupción de este sector en un panorama dominado en un 80% por empresas estatales generó "distorsiones" y "tendencias negativas", según denunció el martes pasado el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.