Un panorama de irregularidades

Las recientes condenas por corrupción en Artigas contrastan notablemente con las denuncias emergentes en Salto, revelando patrones preocupantes en la administración de las intendencias. Mientras que en Artigas se han logrado condenas concretas, en Salto las denuncias aún enfrentan obstáculos significativos, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno local.

En Artigas, el intendente Pablo Caram fue condenado a 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba por omisión de deberes como funcionario público, tras un escándalo relacionado con el pago irregular de horas extra a funcionarios. Este acuerdo abreviado no incluye inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que ha generado críticas sobre la efectividad del sistema judicial en casos de corrupción. La pena impuesta a Caram, que también incluye trabajo comunitario, ha sido considerada insuficiente por algunos, quienes argumentan que no se refleja la gravedad de los delitos cometidos.

Irregularidades presentes por años

Además, otros funcionarios, como Rodolfo Caram, primo del intendente, también fueron condenados por fraude, lo que indica una red de corrupción que abarca a varios niveles de la administración. La situación ha sido denunciada por ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado, quienes han señalado que las irregularidades han estado presentes durante años.

Denuncias en Salto: un clamor por justicia

Por otro lado, en Salto, las denuncias de corrupción están comenzando a tomar protagonismo, especialmente en la administración departamental. Según un informe del equipo investigativo de LA PRENSA publicado el 10 de junio de 2024, la investigación policial habría arrojado varios elementos que comprometen seriamente, no solo a quienes estaban a la cabeza de la Dirección de Tránsito, sino a mayores jerarquías de la Intendencia de Salto. Se habrían reportado irregularidades en el otorgamiento de licencias de conducir y el acomodo de licitaciones para beneficiar a ciertos oferentes. La gravedad de estas denuncias podría superar incluso los escándalos de Artigas, dado que se habla de un sistema más amplio de corrupción en la gestión municipal.

Un caso emblemático en Salto es el de Sergio Bravo

Un trabajador municipal fallecido en un accidente laboral. En una entrevista realizada por LA PRENSA el 29 de junio de 2024, su hermana expresó la importancia de una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido y encontrar respuestas a las interrogantes que aún persisten en la familia. A pesar de los esfuerzos de la abogada y la familia, la intendencia no ha presentado la investigación administrativa requerida, lo que ha generado frustración y desesperación en su búsqueda de justicia.

La denuncia del Diputado Albernaz: un llamado a la acción

En este contexto, el diputado Rodrigo Albernaz, de Cabildo Abierto, presentó una denuncia penal contra el intendente de Salto, Andrés Lima, y otros funcionarios, alegando diversas irregularidades en la gestión del gobierno departamental. Albernaz señala que estas irregularidades incluyen abuso de funciones, uso indebido de información privilegiada y fraude, y su denuncia es el resultado de una investigación que duró cinco meses. Según el legislador, la denuncia se basa en testimonios y pruebas que indican que el intendente ha implementado mecanismos de "asociación para delinquir" y ha favorecido a militantes del Frente Amplio en la entrega de terrenos y el uso de recursos municipales.

Vínculos familiares con la política local

Es relevante señalar que Andrés Lima, al igual que Pablo Caram, no solo es el intendente, sino que también tiene vínculos familiares directos con la política local. Su hermano es diputado y su hermana fue suplente cuando él ocupó el cargo de diputado, mientras que su hermano cumplía funciones de secretario. En la intendencia, su esposa fue directora de desarrollo social, y su cuñada ingresó a la intendencia, lo que el intendente justificó como un "puente" de tres años para su cuñada, quien había quedado sin trabajo hasta conseguir otro empleo. Albernaz ha criticado la falta de acción de la oposición, afirmando que Lima ha gozado del "silencio cómplice" de los partidos tradicionales, lo que agrava la situación de presunta corrupción en la comuna.

Conclusiones: la necesidad de transparencia y rendición de cuentas

Ambas situaciones reflejan un clima de desconfianza hacia las instituciones públicas. En Artigas, las condenas han resultado de investigaciones que, aunque tardías, han llevado a la justicia a actuar. En contraste, en Salto, las denuncias aún estarían  en etapas iniciales y enfrentan la resistencia de la administración local para llevar a cabo investigaciones adecuadas. Mientras que en Artigas se han logrado condenas concretas, en Salto la falta de acción del sistema judicial y administrativo plantea un riesgo de impunidad que podría perpetuar la situación. La comparación entre ambos casos subraya la necesidad de un sistema judicial más comprometido, que no solo actúe en respuesta a denuncias, sino que también prevenga la corrupción a través de la transparencia y la rendición de cuentas.