El escándalo que envuelve al Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) debería marcar un antes y un después en la vida política y sindical del país. No solo por la magnitud del desfalco—más de un millón de dólares desviados—sino, sobre todo, por la naturaleza del dinero malversado: aportes sociales de trabajadores humildes, destinados a lo más básico y digno que puede aspirar una persona que vive de su salario, que es tener un techo propio. Dinero para viviendas populares, convertido en combustible para la maquinaria partidaria del Partido Comunista del Uruguay (PCU). No hay forma de maquillar esto: es corrupción. Y no cualquier corrupción, sino una que golpea el corazón moral del relato de la izquierda.

El silencio ensordecedor del Frente Amplio y la actitud evasiva del PCU ante este caso no son solo políticamente torpes; son moralmente inaceptables. No ha habido una condena clara, ni un gesto genuino de responsabilidad, ni siquiera una mínima señal de autocrítica. Lo que predomina es la contención ideológica, la excusa pequeña, la negación del elefante en la habitación. Como si la historia no hubiera enseñado ya, con dolorosas lecciones, que la defensa ciega de la causa por encima de la verdad y la ética solo lleva a la ruina moral.

Porque aquí no se trata solo de un hecho delictivo, sino de una traición. Traición a los trabajadores que confiaron en que sus aportes serían bien gestionados. Traición al principio de justicia social que dice defender la izquierda. Traición a una base moral que debería ser intransigente con el uso indebido de fondos colectivos. El dinero no fue desviado para lucro personal, dirán algunos. Pero fue usado con fines partidarios, electorales, propagandísticos. ¿Qué es eso, sino otra forma de enriquecimiento, político si no material?

Las pruebas son contundentes. La denuncia formal por apropiación indebida, estafa y asociación para delinquir ya ha recogido más de veinte declaraciones. Nombres clave como Bruno Bertolio, Santiago Bernaola, Laura Alberti y otros miembros de la lista 658 del Sunca están involucrados. Algunos han confesado. Otros ya fueron expulsados del sindicato. Todos señalan lo mismo: el dinero fue usado para financiar campañas del “Sí” en el referéndum y para las internas del Frente Amplio. La trama es clara, el patrón evidente. No se trata de errores aislados, sino de una operación sistemática.

¿Puede alguien creer, con honestidad, que todo esto ocurrió sin el conocimiento del PCU? Cuesta creerlo. Mucho. El PCU no es una organización horizontal, donde cada quien hace lo que le parece. Es una estructura centralista, vertical, donde cada paso se planifica, cada gasto se justifica, cada acción se orienta a un objetivo estratégico. El financiamiento clandestino de campañas no puede haber sido una decisión espontánea de unos pocos militantes descarriados. Todo indica que fue parte de un engranaje mayor, y por eso el escándalo sacude, o debería sacudir, las estructuras mismas del partido.

Lo que indigna no es solo el hecho en sí, sino la respuesta, o más bien la falta de ella. El Frente Amplio ha optado por el cálculo político en lugar de la ética. Calla, modula, espera. No sea cosa que se incomode a un sector que, aunque venido a menos, sigue teniendo peso en las internas y en la calle. Pero el precio de ese silencio puede ser altísimo: la pérdida de credibilidad, de autoridad moral, de coherencia.

La Justicia debe avanzar hasta el final. Sin presiones, sin pactos de silencio, sin miedo. Y si el PCU quiere algún día volver a hablar de justicia, de ética, de derechos de los trabajadores, tiene que hacer algo que nunca ha hecho: pedir perdón. No un comunicado frío, no una declaración tibia, sino un reconocimiento sincero de la gravedad del daño causado. Porque la verdadera grandeza política no está en negar los errores, sino en asumirlos.

Este caso no es un accidente. Es el resultado de una forma de hacer política que cree que todo se justifica en nombre de una causa superior. Y esa es una enfermedad que ha hecho demasiado daño a lo largo del siglo XX. Es hora de extirparla. Por el bien de la izquierda. Por el bien de la democracia. Por respeto a los obreros de la construcción, que merecen mucho más que este saqueo silencioso.