El Teniente de Navío Cristian Fagián explicó la posición de la Prefectura de Salto respecto al acceso a las costas y las competencias legales en casos de conflicto. En respuesta a la investigación periodística de LA PRENSA sobre la ocupación de espacios públicos en la costa del río Uruguay, el Teniente de Navío Cristian Fagián, prefecto del Puerto de Salto, abordó el tema en una reunión con periodistas del diario. Durante el encuentro, que tuvo lugar ayer al mediodía, Fagián proporcionó una visión oficial sobre la situación, destacando la importancia de garantizar el acceso a las costas públicas mientras se respetan las normativas vigentes.

Las costas son de todos

Fagián recordó que, según la Constitución de la República, las costas y los ríos son espacios públicos administrados por el Estado, lo que garantiza su uso libre por parte de toda la población. Sin embargo, explicó que existen excepciones en zonas específicas, como la cercanía al complejo hidroeléctrico de Salto Grande, donde la navegación y el acceso están restringidos por razones de seguridad.

“Los ríos y las costas son públicos"

En principio, la navegación es libre para todos, salvo en áreas protegidas o zonas especiales como los mil metros aguas arriba y aguas abajo del complejo hidroeléctrico de Salto Grande”, aclaró el prefecto.

Intervenciones caso por caso

El prefecto explicó que la Prefectura evalúa cada situación de forma individual. Si surge un conflicto, como una queja por ocupación indebida o problemas relacionados con actividades como la pesca, la institución actúa como intermediaria. “Nosotros estudiamos caso por caso y damos intervención a quien corresponda, ya sea a la justicia o a la intendencia, para definir si hay una observación válida o una invasión de propiedad privada”, señaló. Además, Fagián destacó que en situaciones donde la propiedad privada limita el acceso a las costas, la Prefectura consulta a las autoridades pertinentes, como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, o a la asesoría jurídica de la Armada Nacional para garantizar un manejo adecuado de los casos.

Derechos y responsabilidades

El prefecto subrayó la importancia de la servidumbre de salvamento, un derecho que permite a cualquier persona pedir asistencia o acceder a las costas en caso de emergencias, ya sea sanitarias o relacionadas con embarcaciones. Esto refleja el compromiso de la Prefectura con el bienestar público y la seguridad en el río. Fagián también enfatizó que las zonas públicas son accesibles para actividades como la pesca, pero aclaró que, en áreas donde no está claramente definido el límite entre lo público y lo privado, los usuarios deben obtener autorización del propietario.

Un desafío para las autoridades

El prefecto reconoció que resolver estos conflictos no siempre es sencillo y que se requiere la colaboración entre instituciones nacionales y departamentales. “Este es un tema que involucra al Ministerio de Vivienda y a las intendencias locales, quienes tienen la competencia directa para aclarar dudas o intervenir en situaciones conflictivas”, comentó.

Acceso público y regulación

La investigación de LA PRENSA sobre la ocupación de espacios públicos continúa revelando tensiones entre derechos ciudadanos y restricciones impuestas por privados. Este caso, con el aporte de las autoridades locales, expone la necesidad de garantizar un equilibrio entre el acceso público y la regulación de estos espacios. La reunión con el prefecto de Salto evidencia el interés de la Prefectura en garantizar el acceso público a las costas mientras se trabaja dentro del marco legal. El compromiso de las autoridades y los ciudadanos será clave para encontrar soluciones que respeten los derechos de todos los involucrados.