Recientemente, una publicación de la BBC reveló que Uruguay se posiciona como uno de los países más caros de América Latina y del mundo. De acuerdo a datos del Banco Mundial y a un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), se compararon los precios de 600 productos en Uruguay con otros 43 países. El resultado fue que los productos en Uruguay son, en promedio, un 27% más caros. Realidad que no sorprende a los uruguayos, porque desde hace tiempo percibimos que el país es demasiado caro tanto para vivir como para producir. Hoy, Uruguay se encuentra entre los diez países más costosos del mundo. Las razones de esta situación son diversas y merecen un análisis detallado.

Primero que nada, tenemos un mercado interno reducido, integrado por solo  tres millones y medio de ciudadanos, a lo que se suma la falta de de acuerdos comerciales amplios para exportar lo que producimos, lo que limita el desarrollo de industrias nacionales. La mayoría de los productos de consumo, desde alimentos hasta artículos de higiene personal, son importados. A esto se suma un sistema tributario que grava significativamente las importaciones, encareciendo productos como pastas dentales o automóviles, que llegan al consumidor final con precios mucho más altos que en sus países de origen.

Por ejemplo, un tubo de pasta de dientes puede costar $20 en Brasil y tres veces más en nuestro país. Un automóvil, en Chile por ejemplo cuesta 20.000 dólares y en Uruguay el mismo vehiculo, cuesta el doble. Además, la cadena de distribución y la falta de competencia exacerban esta situación.

Uruguay también enfrenta el reto de una burocracia regulatoria que encarece la importación. El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) imponen procedimientos estrictos y costosos, lo que desanima a nuevos importadores y fomenta la creación de oligopolios. Este entorno permite que las empresas establecidas mantengan altos márgenes de ganancia sin enfrentar competencia significativa.

Los economistas coinciden en que la apertura del mercado es clave para reducir los costos. Entre las propuestas destacadas están eliminar la tasa consular, simplificar los trámites de importación y reducir impuestos como el IVA. Como es notorio, el gobierno electo, ha estado manejando la idea del IVA personalizado, lo que según se argumenta permitiría beneficiar a los sectores mas  desposeídos. Pero nada se dice, que para esa asistencia, que  se deberá pagar,  porque implica un gasto mayor, habrá un IVA mas alto, lo que alentará un costo mayor en todo aquello que consumimos a diario, porque es un impuesto al que nadie escapa.

No olvidemos tampoco, que la burocracia no solo es nacional, sino también departamental. Por ejemplo los 19 departamentos, tienen distintas reglamentaciones en materia bromatologica, a lo que se suman tasas e impuestos que gravan y complican a la actividad de las empresas. Tampoco podemos desconocer los costos de la energía eléctrica, de los combustibles, y de que toda actividad comercial enfrenta una tarifa mayor por parte de OSE, pese a que la mayoría de las tiendas y comercios, realizan un menor gasto de agua potable y saneamiento,  que cualquier hogar común. Ni hablemos del peso de las tasas de importación y aportes al sistema de seguridad social, lo que lleva a que tomar un nuevo empleado, lleve a pensarlo mas de una vez,

Del alto costo de vida no escapa el sector rural. Los pequeños productores enfrentan la combinación de impuestos elevados, fluctuaciones climáticas y precios internacionales inciertos. Además, el atraso cambiario, tantas veces utilizado para controlar y bajar la endemica inflación,  complica la competitividad, ya que los productores cobran en dólares pero pagan salarios e impuestos en pesos uruguayos, una ecuación que cada vez se vuelve más inviable. Reducir el costo de vida y fomentar la industria en Uruguay requiere una transformación profunda. Esto incluye desregular mercados, reducir impuestos y firmar acuerdos comerciales que disminuyan las tasas arancelarias. Sin embargo, estos cambios solo serán posibles si el Estado reduce su gasto.

Algo que al presente , es dificil y complicado. Actualmente, Uruguay tiene un déficit fiscal del 4%, financiado mediante impuestos elevados y endeudamiento. Algo que tiene su origen en algo que el el economista Milton Friedman supo definir con indudable claridad: "No hay almuerzo gratis"; los altos gastos estatales se traducen en precios más altos para todos los ciudadanos. Un ajuste en el gasto público permitiría aliviar la carga impositiva, abriendo el camino hacia un país más accesible para vivir y producir.

Todo un desafío significativo para dejar de ser uno de los países más caros del mundo. Reconocemos que no existe una solución simple, no es fácil desarmar la actual combinación de intereses, de politicas, que abarca desde medidas fiscales, comerciales y regulatorias, si se mantiene politicas asistenciales, que en muchos casos, además de no lograr la soluciòn deseable de mejorar la calidad de vida de los mas desposeidos, conspiran con la productividad, con el esfuerzo, porque es más fácil vivir de algunas politicas que son más voluntaristas, populistas, que realistas. Por lo que cambiar esta  realidad, apuntando a beneficiar tanto a los ciudadanos como a los emprendedores que buscan construir un futuro en el país, no es ni será fácil, sino se comienza por lo obvio: reducir el Estado que no puede tener 300 mil funcionarios o Intendencia con mas de 2000 funcionarios, que además no se los ve trabajando en lo básico, como seria deseable.