El jueves 17 de septiembre, la Junta Departamental de Salto aprobó la autorización para que la Intendencia pueda contratar con privados, por un plazo de hasta 12 años, la gestión de la recolección, el barrido, la colocación y gestión de contenedores y la disposición final de los residuos. Una decisión que apunta a cambiar radicalmente la forma en que se prestan servicios esenciales para nuestra ciudad.

Se termina mañana la Expo Prado 2026 con una gran fiesta, desfile de los productos de las distintas . Un evento que movilizó a toda la producción ganadera, en cada una de sus variantes. Es decir, desde ganado ovino, vacuno a equino de todas las razas que de muy buena forma se producen en nuestro país. Una fiesta que permite a los montevideanos conocer el esfuerzo del interior.

En mi opinión, el Decreto 3438/1955, que aprobó el Estatuto del Funcionario Municipal y que tiene rango de norma departamental, es muy claro respecto a las obligaciones de quienes integran la administración pública. Su artículo 6 establece que los funcionarios, desde el momento en que ingresan y aun después de dejar el cargo, tienen un deber general de discreción sobre los actos que conozcan por razón de sus funciones. Además, están obligados a la más estricta reserva y, cuando corresponda, al secreto profesional respecto de terceros. La redacción no parece dejar demasiadas dudas. El artículo señala expresamente que la información conocida por el funcionario debido a su cargo no puede ser divulgada libremente, incluso frente a autoridades que no sean sus superiores jerárquicos, salvo que exista una autorización funcional competente.

 "¡Las mujeres sufren más el impacto climático que los hombres... Estamos hablando de dignidad... de derechos humanos!"  Agregó que "el 61% de la población uruguaya manifiesta preocupación por el cambio climático.”

Lo dijo el 17/09/2026

La polémica instalada alrededor de la Fiscalía de Derechos Humanos deja, precisamente, una imagen que merece ser observada con atención: un fiscal y el círculo que lo respalda protestando porque se le asignaron nuevas tareas, mientras el país entero reclama que el Estado haga más con los mismos recursos. No se trata de desconocer la importancia de las causas vinculadas a las violaciones de los derechos humanos. Tampoco minimizar la complejidad de los expedientes que tramita la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Pero una cosa es defender la trascendencia de una función y otra, bastante diferente, es instalar la idea de que esa función debe quedar prácticamente al margen de cualquier revisión administrativa, redistribución de competencias o exigencia de mayor carga de trabajo.