Quizás sea un poco grosero lo que voy a decir, pero creo que hay preguntas que también forman parte del periodismo. Y esta es una de ellas. En estos días se está llevando adelante en Salto una campaña de solidaridad, en el marco del primer aniversario de un supermercado que se instaló en nuestra ciudad. La propuesta consiste en que los clientes, al momento de pagar sus compras, puedan realizar una colaboración voluntaria destinada al Hospital Regional Salto. Lo primero que uno piensa es ¿tan mal está nuestro hospital que necesita que los ciudadanos pongan dinero de su bolsillo cuando van a hacer las compras?

“Uruguay es un oasis en medio del desierto para tantos cubanos que están pasándola súper mal”. 

Lo dijo el 08/09/2026

Cuando la violencia alcanza a quienes ejercen determinadas funciones del Estado, la respuesta parece contundente. Cuando alcanza a quienes están en la primera línea de defensa de la sociedad, la respuesta judicial parece adquirir otra dimensión. Y esa diferencia debería preocuparnos a todos. Hay comparaciones que incomodan. Pero precisamente por eso deben hacerse.

Una joven mujer, muy linda por cierto se mostraba enojada, alterada, por la atrevida forma en que se dirigió a su persona un sujeto, que por cierto no lucia muy prolijo. Sospechamos que es de los que se encuentran en situación de calle y se instalan en el centro. La cuestión es que , junto con un compinche, se habían apropiado de uno de los bancos de calle Uruguay y desde allí, disfrutaban de musica a elevado volumen que un parlante a la venta, emitía como “gancho” para atraer compradores.

El Gobierno encontró una fórmula para no decidir lo que todos saben que tarde o temprano deberá decidir. Al  establecer “servicios mínimos” en la Terminal Cuenca del Plata (TCP),  evitando declarar la esencialidad. Es una salida prolija en el papel, políticamente cómoda y, en los hechos, insuficiente. Porque los servicios mínimos no terminan con el conflicto. Apenas intentan administrar sus consecuencias. Y mientras empresa y sindicato continúan enfrentados, el puerto sigue sometido a una incertidumbre que no paga solamente TCP ni sus trabajadores. La paga el país.