Todo indica que 2026 podría ser un muy buen año para Uruguay. No se trata de una expresión de deseo ni de voluntarismo político, sino de un diagnóstico que incluso observadores externos, como el reconocido periodista internacional Thomas Friedman, coinciden en señalar. Al cerrar este año y proyectar el próximo, el país aparece bien posicionado en un contexto regional y global cargado de incertidumbre.

Según fuentes sindicales a las que hemos consultado hay preocupación por la falta de avance en las negociaciones entre los delegados de la UNTRMA, Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines, que conlleva a los empleados de las estaciones de servicio de todo el país. Nos comentan que uno de los temas clave es que la patronal no asume su parte en las negociaciones pues entienden que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fijó pautas de negociación salarial. Uno de esos puntos es un tres por ciento de aumento anual sobre la inflación con ajustes semestrales. Habrá asamblea del gremio de los trabajadores de las estaciones para analizar qué pasos siguen.

Muchos seguidores que valoran mi opinión me piden que, al igual que reflexioné que el Dr. Álvaro Danza violó más la Constitución que la dictadura, y por tanto debería ser apartado del cargo independiente de su posterior renuncia a los empleos privados (lo que confirma lo dicho, obviamente), decía que me piden una opinión sobre el llamado "caso Ojeda". Luego de leer detenidamente el Art. 124 que en su numeral 2 dice claramente: "Los Senadores y Representantes NO PODRÁN durante su mandato tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados", como lo es por ejemplo, la Fiscalía. "La INOBSERVANCIA (o sea, el no cumplimiento) de lo preceptuado en este artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo." Más claro, imposible.

En Salto, en pocos días, se dieron dos situaciones que dejaron mucho más que multas y controles de tránsito. Dejaron una pregunta que incomoda: ¿se está respetando la privacidad y la dignidad de las personas cuando el Estado actúa? En un primer caso, un ex intendente del Partido Colorado fue inhabilitado para conducir tras dar positivo en un control de alcoholemia. Durante el operativo, una funcionaria grabó el procedimiento, según se explicó, para protegerse. Esa grabación, que debía quedar en reserva, terminó circulando en redes sociales y se viralizó rápidamente.