La sequía ya no es una advertencia técnica ni un escenario hipotético: es una realidad instalada que vuelve a poner contra las cuerdas el abastecimiento de agua potable para Montevideo y toda el área metropolitana. Con las reservas en descenso y los pronósticos sin señales alentadoras, la discusión sobre cómo garantizar el suministro dejó de ser un debate de especialistas para transformarse en una cuestión estratégica, social y sanitaria. Lo que está en juego no es solo la gestión de un recurso, sino la calidad de vida de más de la mitad del país.

La situación actual de Cuba no admite eufemismos: es insostenible. La prohibición impuesta a Venezuela para abastecerla de petróleo dejó a la isla a la deriva, sin energía, sin combustible, sin alimentos, sin turismo y con su estructura económica prácticamente paralizada. El panorama no es coyuntural sino estructural: hace años que el país dejó de producir, y su aparato industrial, en gran medida, se encuentra inutilizado. Reconstruirlo implicaría un esfuerzo económico colosal, comparable —en términos proporcionales— a reconstruir territorios devastados por guerras recientes.

La asfixia financiera es igualmente evidente. Empresas extranjeras han comenzado a retirarse ante deudas impagables, señal inequívoca de que el sistema ha llegado a un límite crítico. En ese contexto, el final del régimen parece más cercano que nunca, aunque el camino hacia la libertad no será inmediato ni indoloro. El tránsito puede demandar meses o años de sacrificio social antes de que el país logre restablecer un orden democrático pleno.

En la edición de ayer, en una nota dimos cuenta de los trabajos edilicios que se están llevando a cabo en el Liceo de San Antonio. Son mejoras tremendas las que se están haciendo. Entonces, no pocos fueron los lectores que se comunicaron para aportarnos datos sobre la institución, datos históricos, sobre todo.

El 22 de octubre de 2025, con mucho misterio, el Presidente Orsi hacía una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Comunicó, confusamente, que había pasado algo y existían indicios de fraude o estafa, que había decidido rescindir el contrato con la empresa española Cardama que se había obligado a fabricar dos patrullas oceánicas OPV. Prometía ser una bomba contra la administración anterior. Reacciones de un lado y del otro, buscadas y planificadas.

El prosecretario de Presidencia en una posición preponderante, con nostalgia de fiscalía y brisas soberbias, se muestra. Ha tomado un rol más visible, abandonando las sombras pero aún sin tener respaldo popular que lo legitime. Padre de la criatura y del mal timing al develar el ‘‘escándalo’’. Con un Presidente que —como dice el ex diputado Eduardo Lust— su propia fuerza política y su gabinete le están quitando la Jefatura de Gobierno, dejándole solamente como Jefe de Estado, es decir, algo parecido al Rey de España. Aparece pero no hace, oficia pero no actúa.