"Puedo asegurar que las AFAP no se están eliminando con esto, no se afectan las cuentas individuales, no se estatiza el sistema"

Lo dijo el 23/04/2026

Lectora de este diario, que tiene sus problemas de salud, vive estresada y malhumorada, por la situación que debe enfrentar a diario, nos planteó un reclamo que quiere hacer publico, para que alguien actúe. Vive en calle Morquio a mitad de cuadra con Rivera, y a metros de la entrada de su casa, tiene un contenedor de basura, que es a diario revisado por decenas de personas, que viven situaciones de extremas carencias. Buscan entre los residuos domiciliarios algo que les sirva  ya para comer, usar o vender.

En el marco del estudio del Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Salto, la Junta Departamental —a través de la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto con Legislación y Reglamento— desarrolló una intensa agenda de trabajo que incluyó la comparecencia reiterada de autoridades del Ejecutivo Departamental. Estas instancias no solo permitieron analizar en profundidad los distintos componentes del proyecto presupuestal, sino también generar un espacio de intercambio técnico-político orientado a esclarecer la estructura organizativa proyectada y la asignación de recursos públicos.

Hoy quiero hablar de un trabajo que todos conocemos en Salto, pero del que poco se habla en serio: el del “arrancador” de naranjas, el naranjero de toda la vida. Ese trabajador que, con sus manos, sostiene una parte importante de la economía local, pero que sigue quedando en el último escalón. Las zafras ya no son lo que eran. Antes se extendían casi hasta fin de año. Hoy, con suerte, duran dos o tres meses. Menos tiempo de trabajo, menos ingresos, más incertidumbre. Y lo que es peor: los salarios siguen siendo muy bajos.

El problema no es nuevo, pero sí persistente: la discrecionalidad en el manejo del Estado se ha convertido en uno de los principales factores que distorsionan el funcionamiento democrático. No se trata de nombres propios ni de partidos en particular, sino de una lógica instalada que atraviesa gobiernos, organismos y administraciones. Desde los niveles más altos de decisión —en la Torre Ejecutiva, ministerios o empresas públicas— hasta oficinas intermedias, existe un margen de poder que permite decidir a quién se atiende, cuándo y cómo. Y ese margen, cuando no está debidamente controlado, se transforma en un terreno fértil para el abuso.