El sistema judicial es, o debería ser, el último refugio de la confianza pública. Allí donde todo parece teñido de intereses partidarios, de discursos encendidos y de estrategias electorales, la Justicia debe mantenerse firme, serena e imparcial. Por eso, cuando una fiscal que tuvo a su cargo una de las causas más sensibles y mediáticas del país es denunciada por presuntas graves irregularidades, no estamos ante un episodio menor. Estamos ante un hecho que, de confirmarse, erosiona la credibilidad institucional en su conjunto.