Las decisiones políticas no prescriben con el paso del tiempo. Pueden dormir años en los expedientes, pero tarde o temprano regresan convertidas en cifras, la mayoría de las veces millonarias. El diferendo que hoy enfrenta Uruguay por la rescisión de la concesión de la Ruta 1, decidida durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y ejecutada por el entonces ministro Víctor Rossi, es un ejemplo elocuente de cómo una mala gestión política puede transformarse, años después, en una amenaza directa para las finanzas públicas.

Hablábamos días pasados con un funcionario del área de Recolección de la Intendencia. De los que les toca ir, en su caso de madrugada, corriendo al costado o detrás del camión y arrojando hacia dentro de él las bolsas o cajas de basura. Como la charla era informal, distendida, hablamos desde el ejercicio físico que implica esa labor hasta de las cosas más insólitas que pueden encontrarse en los recipientes de residuos domésticos.

Cuando el conflicto deja de ser una herramienta de negociación y se convierte en un fin en sí mismo, las consecuencias pueden ser devastadoras. En sectores estratégicos como el puerto y la industria láctea, la intransigencia sindical no solo compromete empresas emblemáticas como Conaprole, sino que pone en jaque empleo, producción y competitividad nacional.