El 18 de mayo de 1972 quedó grabado en la memoria del Uruguay como una de esas jornadas que obligan a una nación a mirarse al espejo y preguntarse hasta dónde puede degradarse la convivencia cuando la violencia política pretende sustituir a la razón y a la democracia. Aquella mañana, cuatro jóvenes soldados —Saúl Correa Díaz, Osiris Núñez Silva, Gaudencio Núñez Santiago y Ramón Jesús Ferreira Escobal— fueron asesinados a balazos mientras cumplían una guardia frente a la residencia del entonces comandante del Ejército, Florencio Gravina. Estaban dentro de un jeep, esperando el relevo, compartiendo un mate en el frío de la madrugada, cuando un comando armado abrió fuego y los acribilló sin darles posibilidad alguna de defensa.

Hace unos años, no tantos, se instaló el tema de los "corredores" en Salto, que permitían fluidez en el tránsito en determinadas calles asumiendo preferencias por encima de la norma. Uno de esos corredores se da en calle Invernizzi que es la continuidad de calle 25 de Agosto que lleva al hospital Regional Salto con todo lo que ello implica.

"... dos hombres estaban ingresando a la vivienda desde la puerta de chapa del fondo. Tenía dos individuos queriendo entrar. Ignacio le pegó a uno, ese se le tiró arriba, le pegó, lo revolcó en el piso. El otro me agarró de los pelos, me llevó arrastrada para el cuarto pidiendo la plata. No había plata".

Lo dijo el 17/05/2026

Durante años, Uruguay intentó convencerse de que la violencia extrema era un fenómeno ajeno, propio de otras geografías latinoamericanas o de grandes centros urbanos desbordados por el narcotráfico. Se relativizó el crecimiento del crimen organizado, se escondieron cifras detrás de tecnicismos estadísticos y muchas veces se transformó la inseguridad en una discusión ideológica, más preocupada por el relato político que por la realidad cotidiana de la gente. Pero las palabras pronunciadas por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en el Parlamento Nacional terminaron derrumbando cualquier intento de maquillaje: la cantidad de homicidios es “impresionante”.

Hay una situación que se ha extendido en Salto que marca que la sociedad acepta la informalidad como forma de vida. Esto, que es ilegal, que va contra la norma, es la base de muchos problemas que tenemos. Cuando el poder político que debe "cumplir y hacer cumplirla ley" piensa en la coyuntura termina siendo parte del problema. Salto ha consolidado el Paseo de Compras y hay carteles y páginas web que lo presentan como un atractivo turístico en sus mensajes promocionales. Muchos de estos comercios hoy pagan impuestos, tienen gente en el BPS, pero la raíz del Paseo de Compras es vender mercadería entrada ilegalmente al país. Claro que hoy mucho de eso ha cambiado, no por adherirse a lo legal sino porque es más barato en muchos casos importar directo, traer de fábricas de la capital o del Barrio de los Judíos de Montevideo que otra cosa. Pero son las circunstancias las que acercan a la formalidad y no el poder del Estado lo que termina desprestigiando el accionar de la cosa pública. Hoy se van consolidando espacios ilegales de comercios por todos lados y nos acostumbramos a parrillas los domingos, choripanes las noches, verdulerías bajo un toldo que cuando pueden ponen chapa, luego la luz, luego un par de frízer y cuando queremos acordar hay un mercadito instalado.