El Gobierno de Salto dio a conocer mediante comunicado de prensa la suscripción de un convenio destinado a implementar tecnología mediante el uso de cámaras que acompañarán el trabajo diario del cuerpo inspectivo. Lo llamativo del comunicado es que no se menciona con qué entidad, pública o privada, se suscribió dicho convenio.

Entre otras cosas el comunicado menciona que dicha incorporación tecnológica servirá para brindar certezas y seguridad jurídica en los operativos, tanto para nuestros inspectores como para la ciudadanía en general. En este sentido, es bueno recordar que también se debería tomar acciones en pos de preservar el derecho a la privacidad para que dichas filmaciones no terminen viralizánodse en redes sociales, tal como ocurrió recientemente con un ex director departamental. Según pudimos saber, ese asunto no está terminado, y existen acciones legales en curso.

Hace un tiempo recordamos en este mismo espacio a uno de los sacerdotes que más dejó su huella en el departamento de Salto, se trata del fallecido padre salesiano Guido Danellón, un hombre que era en sí mismo una reserva moral y de capacidad, en tiempos sin Internet, sin redes sociales, sin Google, el Padre Guido explicaba lo que había que explicar y enseñaba lo que había que enseñar.

Uruguay atraviesa un momento bisagra, aunque muchos prefieran no verlo. La discusión pública parece girar sobre detalles administrativos, pulseadas sindicales o intentos de “mesas de diálogo” que nunca llegan a puerto. Pero el problema central —y más grave— es otro: el país se está quedando sin empresas competitivas, sin industrias capaces de invertir y sin puestos de trabajo de calidad. Y ese fenómeno, lento pero persistente, tiene consecuencias que ya son visibles.

Vivimos en un tiempo extraño. Un tiempo en el que —según parece— todo debe ser políticamente correcto. Un tiempo donde hay frases que no se pueden pronunciar, hechos que no se pueden señalar y verdades históricas que deben maquillarse para evitar que algunos se enojen. La corrección política se ha convertido, en muchos ámbitos públicos, en una especie de corsé que limita el debate y condiciona lo que puede decirse en voz alta. Y cuando esa lógica entra a las instituciones, el problema deja de ser anecdótico para transformarse en un obstáculo serio para la convivencia democrática. El pasado 25 de noviembre, la Junta Departamental de Salto realizó una sesión extraordinaria con el propósito de conmemorar los 40 años del retorno a la democracia en Uruguay. Una instancia que debería prestarse naturalmente a la reflexión profunda, al análisis honesto de lo ocurrido y a la reafirmación del compromiso institucional con la verdad histórica. Sin embargo, lo que se vio en sala fue otra cosa.