Dos periodistas, Daniel Figares y Carlos Peláez, responsables del programa radial “Rompekabezas” que se emite por radio El Espectador de Montevideo, pusieron en conocimiento de la opinión pública, días pasados que audios en poder de la Justicia Penal, permitían comprobar que la diputada Susana Pereira, esposa del Ministro Eduardo Bonomi, había alertado a líderes de la “Barra Brava” de los aurinegros de que sus teléfonos estaban “pinchados”.

Que una legisladora nacional, sea de la fuerza política que sea, tenga esa conducta, teniendo en cuenta los notorios problemas de violencia que hay en el ámbito del fútbol profesional y como ello se refleja en la comunidad nacional, como es notorio, es muy preocupante. Porque lamentablemente esas malas conductas, son imitadas. Hasta aquí en Salto, se registraron dos episodios lamentables. Hinchas de fútbol de dos clubes locales (Salto Nuevo y Ferro sino estamos mal informados) también hicieron de las suyas, concretando salvajes y cobardes agresiones, contra solitarios fanáticos de equipos rivales.

Por todo ello, uno entiende que una legisladora y máxime si es esposa de quien es responsable directo de la seguridad y combate a la delincuencia, no debería tener ese tipo de relaciones y menos advertir sobre las acciones que las autoridades realizan para controlarlos. Es un claro y real ejemplo de que Bonomi duerme con el enemigo.

Tras la denuncia de los dos comunicadores, la diputada Pereira y su esposo, el Ministro Bonomi y el sub secretario Jorge Vázquez, salieron a desmentirla, apuntando a descalificar la credibilidad y seriedad de los periodistas.

Esto, tras ese jugada, no se callaron la boca, sino que redoblaron la apuesta y reiteraron que los audios existen y que en ellos queda claramente comprobada la intervención de la diputada involucrada.  Además ampliando sus argumentos, señalaron que lo señalado se desarrollaba en el ámbito de un magistrado -el ex juez Homero da Costa- quien se jubiló en abril pasado y que  durante su gestión en el caso citado, había mantenido la posición  que la investigación del hecho se debía ampliar y no archivarse porque entendía que había elementos suficientes como para seguir y culminar las actuaciones del caso. Sin embargo, para sorpresa de muchos, tras su jubilación la juez que asumió el tema, Ana Ruibal, aceptó la propuesta de la Fiscal y archivó el expediente. El poder, así parece que tiene tentáculos que llegan -lamentablemente- a ámbitos judiciales.

Ya decididos a jugarse todo, los periodistas de El Espectador sostuvieron posteriormente que si seguramente hubieran inventado la versión o mintiendo, seguramente Bonomi y Pereira les estarían haciendo un juicio por difamación, lo que no ha ocurrido. Sostuvieron que tal instancia -un juicio de esa índole- permitiría conocer a fondo la verdad, ya que la justicia habilitaría en ese caso la divulgación de las grabaciones.

También afirmaron que sería oportuno y positivo que la diputada Pereira pidiera por su cuenta a la Justicia que divulgue los audios, ya que les llama la atención que ello no haya ocurrido hasta ahora, si es tan inocente como afirma.

Quiere decir que hay por lo menos dos asuntos muy importantes a aclarar. Por un lado, la Corte de Justicia debe tomar cartas en el asunto para determinar si efectivamente la investigación debía proseguirse y no archivarse, como sostuvo el ex Juez Da Costa. Es muy grave que cunda la sospecha de que la Justicia archiva un expediente ante la presión del Ministerio de Interior. La Suprema Corte debe intervenir para impedir que esa sospecha prospere.

Estaría bueno que la Diputada Pereira, utilizando su banca, realice un pedido de informe o impulsar las actuaciones que la Constitución prevé para aclarar la inconducta de los legisladores y el tema sea definido claramente.