Una fuerza de 10.000 hombres, incluidos 8.500 militares, comenzó a desplegarse ayer en Río de Janeiro, una ciudad devastada por la inseguridad y los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes.

Camiones con tropas circulaban desde la tarde por diferentes puntos de la ciudad, después que el presidente Michel Temer firmara el decreto que "autoriza el empleo de las Fuerzas Armadas en el Estado".

La autorización tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, pero el ministro de Defensa, Raul Jungmann, precisó en una rueda de prensa en una base militar de Rio que se prolongará hasta fines de 2018, cuando concluya el mandato de Temer.

En total, 8.500 militares, 620 de la Fuerza Nacional (formada por diversos cuerpos policiales y de bomberos), 380 de la Policía de Carreteras y 740 policías del estado de Río integran el refuerzo.

Temer explicó que "el objetivo de la misión es preservar el orden público y garantizar el funcionamiento de las instituciones". Se trata, agregó, de "un nuevo paso ante esa situación que hoy preocupa y angustia a todos los brasileños".

Jungmann dijo que no está previsto, en principio, un patrullaje militar "ostensivo" y que la operación se estructuraría en cuatro ejes: la labor de "inteligencia", la "integración" entre cuerpos, el "elemento sorpresa" de las acciones y "la participación activa" de la sociedad.

Afirmó además que la lucha contra el crimen organizado debe incluir la protección de las fronteras a través de diversas medidas, como el despliegue de aviones radares.

"Estamos repitiendo la fórmula de los Juegos Olímpicos de 2016, que tanto éxito tuvo", afirmó Jungmann.

Con 6,5 millones de habitantes y una enorme desigualdad social, la ciudad de Río de Janeiro enfrenta altos niveles de criminalidad, alimentados por bandas de delincuentes fuertemente armadas.

La sensación de inseguridad se ha agravado por la catastrófica situación financiera del país, que retrasó el salario de muchos de sus funcionarios, incluidos los policías.

En promedio, tres personas fueron víctimas por día de balas perdidas en los seis primeros meses del año, según un estudio del diario O Globo.

Además, una de cada cuatro escuelas tuvo que cerrar por determinados períodos o se vio obligada a interrumpir sus clases a causa de tiroteos u otros tipos de enfrentamientos, según la Secretaría Municipal de Educación.

Temer, que ostenta un nivel récord de impopularidad (sólo un 5% de opiniones favorables) adopta estas decisiones en vísperas de una semana crucial, en la cual la Cámara de Diputados votará si encamina a la Corte Suprema o si archiva una denuncia de corrupción en su contra.