Un tribunal de Brasil aceptó ayer las denuncias que fueron formuladas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y otras seis personas, acusadas formalmente de intentos de "obstrucción a la justicia" vinculados al escándalo de Petrobras.

Esas acusaciones fueron aceptadas a trámite por el juez federal Ricardo Leite y afectan a Lula, al exsenador del Partido de los Trabajadores (Pt) Delcidio Amaral, y a su asesor Diogo Ferreira, al banquero André Esteves, el empresario José Carlos Bumlai y a su hijo Mauricio Bumlai, y al abogado Edson Ribeiro, confirmó el tribunal.

Los cargos se refieren a supuestos intentos de sobornar a uno de los exdirectivos de Petrobras implicados en las corruptelas en esa empresa estatal a cambio de que se negara a cooperar con la justicia en las investigaciones.

La acusación, que por primera vez convierte a Lula en preso de la Justicia, fue aceptada un día después de que el expresidente acudiera, a través de sus abogados, al Consejo de Derechos Humanos de la Onu, con sede en Ginebra, para denunciar que es víctima de una "persecución política y judicial" en Brasil.

La base del proceso está en un acuerdo de cooperación que el exsenador Amaral pactó con la Justicia y por medio del cual denunció que Lula le encargó pagar 250.000 reales (unos 77.000 dólares) para "comprar el silencio" del exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, arrestado por las corruptelas en la petrolera.

Amaral, quien era el jefe del oficialismo en el Senado, también implicó en ese asunto a la presidente Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo para responder a un juicio de destitución, quien no fue citada en el proceso iniciado hoy por el juez Ricardo Leite.

Según la denuncia presentada por el Ministerio Público, los otros acusados en este caso colaboraron con ese intento de soborno, con lo que responderán por el mismo cargo de obstrucción a la justicia que ahora pesa contra Lula, uno de los líderes más carismáticos que ha tenido Brasil y quien gobernó entre 2003 y 2011.