Un viejo policía de Salto, ahora jubilado, comentaba en sus años de trabajo en la Seccional Quinta, en el  Cerro, lo desagradable que era llevar a los vándalos menores a sus casos luego de sus tropelías, debido a que a pesar de haberse comunicado con los padres estos no daban signos de nada. “Yo sé que a veces tienen otros hijos, pero después de la orden de la Justicia, allá teníamos que entregarle los menores a los padres, que como nunca venían a la comisaría, había que ir con el móvil a entregarles los nenes. Oficiábamos de taxi de los delincuentes, qué disparate. Y cuando los dejábamos nos comíamos más de un insulto.”

Esto viene a reflexión a raíz de la notable decisión de la jueza Adriana Graziuso de Maldonado al procesar a los padres de un delincuente serial que tiene menos edad de la correspondiente para pasar buena parte de su vida en la cárcel, que es lo que correspondería.

Según una noticia publicada esta semana en La Prensa, la justicia penal encarceló a un matrimonio compuesto por una empleada doméstica de Punta del Este y un empleado de comercio de Maldonado por no haber impedido que su hijo de quince años portara un arma de fuego con la que había cometido varios robos. La sentencia de la jueza penal Adriana Graziuso fue vista como una señal para los padres que descuidan a hijos que cometen delitos y por ser menores de edad reciben sanciones leves. La jueza entendió que el procesamiento no debía alcanzar exclusivamente a los integrantes del grupo que salió a robar, sino también a los padres de uno de los asaltantes. Eso porque no hicieron nada para impedir que el chico, de quince años, llevara en su mochila un arma de fuego y que no le llamaran la atención algunas compras que había hecho su hijo. El matrimonio vivía en el barrio de Cerro Pelado, una zona obrera cerca al aeropuerto de Laguna del Sauce. El adolescente concurría a la Secundaria de Punta del Este en una moto que le había facilitado sus padres, aunque no tenía edad para tener registro de conducir. La banda había asaltado una estación de servicio, dos farmacias y un ómnibus (qué lindo currículum) y fue desbaratada por la policía de Maldonado. Un mayor de edad, de dieciocho años, era el que se quedaba alejado del asalto para dar aviso si llegaba la policía mientras los tres menores efectuaban el asalto.

La jueza imputó al matrimonio el delito de “omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”, que es castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaria según el Código Penal. Ahora se abre el proceso judicial en el que se podrá establecer el tiempo de prisión. El caso surge en medio de una fuerte polémica sobre la edad de imputabilidad, calificado por uno de los cinco ministros de la Corte, Jorge Chediak, como “muy benigno”.

De todas formas la actuación de la Dra. Graziuso marca un muy buen antecedente pues de ahora en más se podrá recurrir a esta sentencia en casos similares. Todos sabemos en Salto de casos de muchachos que se hacen una fiesta del delito a favor de su condición de inimputables, en tantos, en algunos casos su familia disfruta, si es que se puede llamar así, de los que el muchachito logra en sus avatares delictivos; en otros casos no sabe; también los hay que los apoyan y son parte de verdaderas organizaciones criminales, donde siempre dan la cara los inimputables. Entonces entran y salen del Inau, mientras la fiesta continúa.

La valentía de esta jueza nos marca un camino a seguir, que podría ser el de un trabajo de hormiga, pero que a la larga rinde. Sin grandilocuencias, sin grandes titulares, pero con la firmeza que da el derecho y el amparo de la ley.