Hasta anoche parecía alejarse la posibilidad de que el gobierno de Cristina Fernández se ponga en manos del juez estadounidense Thomas Griesa para hallar alguna fórmula de acuerdo sobre una deuda impaga desde la moratoria récord declarada en 2001.

En las últimas horas el gobierno argentino endureció su postura al señalar que será "imposible" pagar en Nueva York los bonos de deuda reestructurada por 900 millones de dólares pactados con el 93% de los acreedores para el 30 de junio, porque ese dinero sería embargado inmediatamente.

Además, dijo que no prevé enviar a Estados Unidos ninguna comitiva para negociar con los fondos especulativos y consideró que el fallo de Nueva York busca "fulminar la exitosa reestructuración" de la deuda argentina, informó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

La Corte Suprema de Estados Unidos denegó tomar el caso y confirmó así que Argentina debe pagar en efectivo el 100% de una deuda remanente de 1.330 millones de dólares a los fondos especulativos Nml Capital y Aurelius.

El Deutsche Bank estimó ayer en un informe divulgado en Bruselas que "una salida negociada es la única solución viable" para Argentina, "aunque cualquier tipo de acuerdo específico está lejos de alcanzarse".

Para Pablo Tigani, director de la consultora Hacer, "lo único que no se dijo hasta ahora es que hay muchísimos actores importantes, bancos de inversión con bonos argentinos, organismos multilaterales, gobiernos, que están interesados en que esta historia no termine mal".

Terminar mal sería que en el próximo vencimiento de deuda bajo la justicia norteamericana, el 30 de junio, o en un último plazo de gracia establecido por contrato, el 31 de julio, Argentina no abone los 1.330 millones y tampoco pueda, por los embargos que ordenó el juez, cancelar vencimientos por 900 millones de dólares de bonos reestructurados en los canjes de 2005 y 2010.

"Las opciones de Argentina ahora son acatar la orden judicial o desacatar esa orden. Pagarles a algunos sí, y a otros no, es precisamente lo que la Corte Suprema desechó", dijo Arturo Porzecanski, de la American University en Washington.

El argumento de la mandataria argentina y su ministro de Economía, Axel Kicillof, es que si Argentina paga los 1.330 millones, caería sobre el país un aluvión de demandas de acreedores que de hecho serían tratados de forma diferente. Las demandas vendrían primero del resto de los holdouts (tenedores de deuda en mora), por unos 15.000 millones de dólares, y luego por los bonistas que aceptaron los canjes con fuertes quitas, un 93% de acreedores, por más de 100.000 millones de dólares, según cálculos del Ministerio de Economía.

Kicillof dijo que Argentina intentará evitar sólo el default de los bonos reestructurados con un mecanismo de nuevo canje de deuda que cambie la sede de pago y la traiga a Buenos Aires ante el impedimento legal en Nueva York derivado de la sentencia del juez Thomas Griesa.

Un eventual default sería diferente al de 2001 cuando la recesión llevaba tres años y colapsó un artificio llamado convertibilidad, según el cual un peso argentino tenía el valor de un dólar.

"A menos que haya algún tipo de salida elegante, esto termina mal. El gobierno ya hizo cosas sensatas, como el acuerdo para cancelar su deuda con el Club de París. Ahora, a menos que Argentina cambie de opinión, vamos a una moratoria", dijo Porzecanski.